A raíz del contundente dictamen nº 49883, de 04/10/04, mediante el cual la Contraloría General de la República, sentenció la ilegalidad de 50 resoluciones de distintos servicios públicos y ministerios que establecían el secreto o reserva de sus actos y documentos, el Gobierno -según publicación de El Mercurio (15/11)- recapacitó y patrocinará un proyecto de ley para terminar con el secretismo y favorecer así la transparencia que nos merecemos.

La opinión pública debe saber que cuatro organizaciones de la sociedad civil -Centro Ecocéanos, Jornadas en Red, Movimiento por la Consulta Ciudadana y Defendamos la Ciudad- fueron las que recurrieron a la Contraloría denunciando la ilegalidad de aquellas resoluciones.

Estas mismas organizaciones ciudadanas se dirigieron formalmente el 8 de noviembre de 2004 al ministro secretario general de la Presidencia Eduardo Dockendorff, solicitándole su inmediata intervención para terminar con aquella impresentable práctica administrativa que corroe el sistema democrático.

Se infiere, por lo tanto, que la petición formulada fue acogida por el ministro responsable, lo cual debe ser valorado por la ciudadanía y por los medios de expresión porque está prevaleciendo el Estado de Derecho en un régimen democrático bien evaluado por la comunidad internacional.

Vamos mejorando y ello hay que reconocerlo.

Patricio Herman P.

Agrupación Defendamos la Ciudad.